Sobre la mujer y sobre TODAS las autoridades y las instituciones del Estado, porque en caso de implantarse y desarrollarse definitivamente la ley, todas ellas estarán manchadas de sangre.
En 1985 cuando se discutía la ley despenalizadora del aborto, los que luchamos por el SÍ A LA VIDA, buscamos apoyos claros y valientes para movilizar a la sociedad. Llamamos a nuestros obispos pero se limitaron a recordar la doctrina de manera teórica, evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos.
Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado (constituidas, según dicen, mayoritariamente por cristianos) tras la aprobación de leyes que permiten y defienden el asesinato de inocentes.
Con la aprobación de la ley que convierte el crimen del aborto en un derecho reconocido en el Reino de España ha sido el propio portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, quien lanzó un mensaje a los políticos:
Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Las alarmas se han disparado y tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, los periodistas preguntaron hasta siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del Estado ante la ratificación de la ley del aborto y ha tenido que escenificar una defensa del Monarca, arto difícil, dado que como todo hace pensar don Juan Carlos de Borbón, firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos de miles de inocentes no nacidos.
En la rueda de prensa el mismo monseñor Martínez Camino intentó defender al Rey: «el caso del Rey es único, distinto del político (¿?) que da su voto, pudiendo no darlo. La Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el acto del Rey, que es distinto al del parlamentario».
Se pretende eludir las responsabilidades como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la sacrosanta «voluntad popular». Lo cierto es que el Rey al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
¿Y ahora qué? Está claro, monseñor Martínez Camino, que los católicos no podemos aceptar semejante orden.
Hay que luchar porque la casta política y los millones de españoles que la respaldan con sus votos dejen de actuar al servicio del modelo político implantado en España a partir de 1978 y que tiene su base en la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (implantando la cultura de la muerte: aborto, eutanasia...).
